El Gobierno anunció que descontará el día de trabajo a los empleados de la Administración Pública Nacional que adhieran al paro de ATE del día de mañana mientras busca un acuerdo con las universidades en torno al Presupuesto 2027 y enfrenta una protesta que reclama la derogación del DNU 70/2023.
La huelga nacional se extenderá durante 24 horas e incluirá una movilización hacia el Congreso desde las 13:30.
ATE prevé guardias mínimas en hospitales y atención de urgencias en determinados centros asistenciales. La medida podría afectar la actividad de Migraciones, Senasa, ANSES, PAMI, la CNRT y la ANAC, además de dependencias provinciales y municipales, donde cada jurisdicción definirá el alcance de la protesta.
La jornada coincidirá con la quinta Marcha Federal Universitaria y con el intento de sectores opositores de abrir una sesión especial en la Cámara de Diputados para avanzar contra el DNU 70/2023. En la Casa Rosada consideran que los bloques opositores aún no reúnen el quórum y negocian con aliados para impedir el inicio del debate.
El proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso asigna $7,5 billones al sistema universitario, mientras el Consejo Interuniversitario Nacional reclama cerca de $11 billones. La diferencia entre ambas proyecciones ronda el 32%.
Las universidades sostienen que la partida propuesta no alcanzaría para cumplir con las obligaciones derivadas de la Ley de Financiamiento Universitario ni con las resoluciones judiciales vigentes. Rectores, docentes y no docentes reclaman que la norma sea incorporada plenamente en el cálculo de gastos para 2027.
El Ejecutivo admite que evalúa incrementar los recursos, aunque descarta elevar la partida al nivel solicitado por el Consejo Interuniversitario Nacional. La estrategia oficial busca incluir una salida dentro del Presupuesto y evitar que el conflicto se prolongue hacia 2027.
Las conversaciones también incorporaron cuestiones impositivas y previsionales vinculadas con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, además del régimen de aportes patronales de las universidades nacionales. Ese esquema converge de manera gradual hacia la alícuota general del sector público.
La normativa fija una tasa de 13,65% para 2026, que subirá a 14,52% en 2027 y continuará su aumento hasta llegar a 17,13% en 2030. En ámbitos universitarios confirmaron que una eventual modificación de ese régimen integra las negociaciones, aunque no existe un acuerdo.
La Casa Rosada pretende que un acuerdo que combine transferencias, salarios y asuntos tributarios permita desactivar también el frente judicial abierto por la Ley de Financiamiento Universitario. La posición del Gobierno es que cualquier mejora debe preservar el equilibrio presupuestario y financiarse con reasignaciones o recursos disponibles.
El juez Martín Cormick declaró inconstitucional la cláusula del decreto 759/2025 que condicionaba la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario a la disponibilidad presupuestaria. El magistrado ordenó cumplir la norma, pero el Ejecutivo apeló la decisión y afirma que avanzó parcialmente en las obligaciones salariales y de funcionamiento.
En junio, el Ministerio de Capital Humano acordó con el Consejo Interuniversitario Nacional y los gremios una recomposición del 24,33% de la masa salarial, una actualización del 20% para los gastos de funcionamiento y un refuerzo de $50.000 millones para hospitales universitarios. El entendimiento contempló además un aumento del 50% en las becas Manuel Belgrano.
En septiembre, el Gobierno informó una mejora salarial adicional del 3%. Los representantes docentes y no docentes, sin embargo, se reunieron este martes con diputados, fuera de la Comisión de Educación y calcularon que la distancia entre la propuesta oficial y las necesidades del sistema todavía se acerca al 30%.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmó que el Ejecutivo continuará trabajando sobre el financiamiento universitario sin recurrir a la emisión monetaria ni a un mayor endeudamiento. También pidió que la movilización se desarrolle de forma pacífica y cuestionó el ingreso de manifestantes al Palacio Pizzurno durante protestas anteriores.
