Las protestas sociales que habían sido convocadas para hoy por dirigentes afines al expresidente Evo Morales fueron postergadas y en un ampliado nacional se definirá la nueva fecha de las movilizaciones.
El dirigente Aquilardo Caricari informó que se mantiene el plan de realizar una marcha hacia La Paz, capital política del país, pero que se coordinará la fecha con organizaciones como la Central Única de Trabajadores Campesinos y las federaciones cocaleras de Cochabamba. El reclamo de estos sectores tiene que ver con las políticas económicas del gobierno de Rodrigo Paz y la eliminación del subsidio al diésel que se tradujo en un incremento del 83% en su precio.
"Pedimos de manera respetuosa y pacífica que anule ese decreto del dieselazo (…) el país está sufriendo la crisis económica, el Gobierno nos está obligando a movilizarnos", había afirmado días atrás el dirigente cocalero Isidro Auca en entrevista con el canal Unitel. La marcha a La Paz estaba prevista desde la localidad andina de Patacamaya, distante a unos 97 kilómetros de la sede de Gobierno.
La movilización fue convocada mientras está en vigencia el estado de excepción que faculta a las Fuerzas Armadas a intervenir en manifestaciones y bloqueos. En ese sentido, en los últimos días se ha desplegado unidades policiales y militares a resguardar las principales carreteras del país con el fin de garantizar el libre tránsito y hacer cumplir la medida de excepción.
En paralelo a las manifestaciones convocadas por el evismo, la Central Obrera Boliviana (COB) y el Comité Cívico de Santa Cruz se mantienen en alerta para asumir medidas frente a las reformas del Gobierno.
La COB convocó a una reunión a sus afiliados este jueves 15 de octubre en La Paz, mientras que los dirigentes cívicos evaluarán las acciones del Gobierno tras la "Asamblea de la Cruceñidad", una instancia de representación cívica y regional de Santa Cruz, en la que plantearon demandas relacionadas al abastecimiento de combustible y el fortalecimiento de las competencias autonómicas. Las resoluciones de ese encuentro, realizado el 9 de septiembre, establecían un plan de medidas escalonadas si no se atendían sus demandas.
El presidente Rodrigo Paz minimizó los reclamos sectoriales y calificó como "traidores" a quienes generen bloqueos, pese a que ninguna de las instancias ha planteado esa medida de protesta. "Lo que Bolivia quiere es que las familias tengan derecho a poder tener un mejor futuro, no ideologías, sino producir, poder desarrollarnos", afirmó el mandatario sobre el anuncio de movilizaciones.
Para el analista y consultor en comunicación política, Carlos Saavedra, existen tres factores que dificultan movilizaciones masivas: el cansancio de las organizaciones sociales por los casi 50 días de bloqueos entre mayo y junio de este año, la vigencia del estado de excepción y la destitución del exfiscal general, Roger Mariaca, un fenómeno que "ha terminado de ordenar el escenario político".
Mariaca, elegido por dos tercios de la Asamblea Legislativa en 2024 para un mandato de seis años, fue detenido el 1 de octubre en medio de acusaciones de protección al narcotráfico por parte del Gobierno.
Para Saavedra, el exfiscal era el único poder fáctico que representaba una amenaza para el Gobierno de Paz y su captura terminó modificando la ecuación del poder en Bolivia. Ese elemento, sumado a la desarticulación de los organizaciones sociales y la falta de irradiación de las demandas cívicas de Santa Cruz, configuran un escenario favorable para la administración de Paz.
"Si bien hay un sentimiento de que la economía está golpeando duro, no hay disposición a la movilización masiva", explicó el analista en diálogo con Infobae. Aunque considera que el Gobierno aún no ha logrado consolidar una opinión pública positiva, el "reacomodo de las variables de poder" le otorga un margen de estabilidad en el corto plazo.
